ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES HACEN LLAMADO URGENTE A PERFECCIONAR Y APROBAR LA LEY INTEGRAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizaciones feministas y de mujeres, articuladas en la plataforma Juntas en Acción, realizaron el llamado en el contexto de la campaña en el mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

 

SANTIAGO, 18 de noviembre.- Juntas en Acción, plataforma que reúne a organizaciones por los derechos de las mujeres liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas, realizó un urgente llamado a las autoridades a comprometerse con indicaciones concretas que garanticen la efectividad del proyecto de ley por una vida libre de violencia, en el marco del mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción, afirmó que “hemos escuchado al Gobierno y a las parlamentarias de todos los partidos respaldar el objetivo del proyecto de ley, que es la prevención y eliminación de toda forma de violencia de género. Hoy necesitamos que ese apoyo se exprese en la voluntad política de incorporar y votar indicaciones que de manera efectiva garanticen el compromiso del Estado de Chile con la eliminación de la violencia de género. Las mujeres de Chile no podemos seguir esperando”.

La declaración, suscrita por organizaciones como el Observatorio Contra el Acoso Chile, el Instituto de la Mujer, la Agrupación LésBica Rompiendo el Silencio y el Centro de Estudios de la Mujer, entre más de 20 organizaciones, plantea que es fundamental que el proyecto de ley garantice las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegure la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y cuente con un presupuesto adecuado.

En primer lugar, el proyecto de ley debe recoger los principios y obligaciones que corresponden a los diversos órganos del Estado contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña, entre otros tratados internacionales vigentes en el país.

En segundo lugar, es necesario incorporar mandatos obligatorios de formación y capacitación sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas respecto de autoridades, funcionarios/as y personal de todos los órganos del Estado, y requisitos de conocimiento y especialización específicos a quienes intervengan en la prevención, investigación y sanción de la violencia, protección, atención y reparación de las víctimas.

Finalmente, la plataforma explica que la Ley de Presupuestos del sector público debe incluir anualmente partidas presupuestarias suficientes y regulares para la implementación de las políticas, planes, programas y servicios necesarios para la adecuada implementación de esta Ley. Estas deben incluirse en todas las reparticiones públicas que trabajen con víctimas de violencia y deben ser refrendadas mediante glosas presupuestarias que aseguren su implementación correspondiendo su monitoreo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la fiscalización de su cumplimiento anualmente al parlamento.

El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia fue presentado por la expresidenta Michelle Bachelet en enero de 2017 y actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado. Ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, no ha avanzado. De ahí la relevancia de un compromiso urgente y decidido de las autoridades por el derecho a una vida libre de violencia.

 

Lee la DECLARACIÓN aquí: https://bit.ly/DeclaraciónPorUnaLeyDeViolenciaIntegral

AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO LANZA CAMPAÑA #ELOTROCLOSET PARA VISIBILIZAR CÓMO LA PANDEMIA HA AFECTADO A LA COMUNIDAD DE MUJERES LBTI+

Proyecto es uno de los ganadores del fondo concursable Juntas enfrentamos la crisis Covid-19, de Juntas en Acción con el apoyo de la Unión Europea.

 

La crisis sanitaria, económica y social que vive Chile ha intensificado las desigualdades e injusticias sociales, impactando especialmente a la comunidad LGBTI+. Esto se refleja en que muchas personas se han visto afectadas por situaciones de violencia al interior de sus familias y hogares producto del confinamiento, precarización laboral y ausencia de redes de apoyo. Esta situación es indicada por la ONU como una situación de vulnerabilidad que debe ser considerada por los Estados durante la pandemia.

Según el informe Ser Lesbiana en Chile, en 2018, 23,62% de las encuestadas no había revelado su orientación sexual a su padre, ni 10,32% a su madre. Hoy, un 18,7% ha tenido que volver a casas de familiares por la pandemia; es decir, personas independientes han tenido que regresar donde posiblemente experimentaron violencia.

Para visibilizar los efectos que ha tenido la pandemia en la comunidad LGBTI+ en Chile, la Agrupación LésBIca Rompiendo El Silencio presentó la campaña #ElOtroCloset con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan a las comunidades disidentes en Chile producto de la crisis sanitaria, con el apoyo de la plataforma de organizaciones por los derechos de las mujeres Juntas en Acción y el financiamiento de la Unión Europea.

Junto a la comediante y comunicadora Natalia Valdebenito y la música Camila Moreno se inicia el programa “Abramos #ElOtroCloset”, un espacio bimensual y online para construir comunidad y resistencia. Asimismo, estarán participando activistas lesbofeministas de Justicia Para Nicole Saavedra. La cita es el jueves 12 de noviembre a las 20:30 horas a través del Facebook, Youtube y Twitter de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Además, la iniciativa contempla un “Ciclo de talleres que abrazan” para conversar y conocer las realidades que afectan a las comunidades y entregar herramientas que ayuden a enfrentar de mejor manera la crisis social y sanitaria que nos ha afectado.

INSTITUTO DE LA MUJER LLAMA A INCORPORAR LAS VOCES DE LAS MUJERES EN EL PROCESO CONSTITUYENTE

A través de la campaña “Nuestras voces para la Nueva Constitución”, realizada en el marco de Juntas en Acción, quieren relevar las opiniones de las mujeres frente al proceso constituyente.

 

Conocer y difundir las opiniones de mujeres diversas frente al Proceso Constituyente y a una Nueva Constitución es el objetivo de la iniciativa “Nuestras voces para la Nueva Constitución”, que impulsa el Instituto de la Mujer en conjunto con Juntas en Acción, plataforma de organizaciones por los derechos de las mujeres, con el financiamiento de la Unión Europea.

Once mujeres de diferentes ciudades de Chile y diversos contextos, responden a la pregunta: ¿Por qué la Nueva Constitución debe tener la voz de las mujeres? Las opiniones se difundirán en las redes sociales del Instituto.

Gloria Leal, directora de la organización, dice que esta iniciativa pretende visibilizar las opiniones de las mujeres, “que promueven opinión, generan propuestas y aportan desde sus propias experiencias, historias y territorios, desde sus saberes colectivos. La participación social y política de las mujeres sigue siendo una lucha constante, se necesita que estén en la primera línea de todos los procesos democráticos de nuestro país, y sobre todo estar expresadas en la Nueva Constitución para Chile”.

“Creemos que esta campaña es un aporte para pensar la participación política en el proceso constituyente que Chile ha abierto. Desde Juntas en Acción vamos a trabajar activamente para que este proceso constitucional sea escrito con nosotras con el firme propósito de avanzar en los derechos de las mujeres y niñas”, señaló Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción.

Una de las voces de este proyecto corresponde a la presidenta de la Unión Comunal de Antofagasta, Olga Mora, quien considera que la Constitución “debe acortar la brecha de inequidad de género y tener más mujeres en la política y en puestos de poder para hacer de Chile un país más justo y equitativo”.

En ese sentido, otra voz es la abogada Claudia Sarmiento, quien señala que para poder sentir como propio el texto final de una Nueva Constitución debe haber participación de quienes son la mitad de la población. “Sin nosotras, no habrá un proceso democrático y mucho menos justo”, dice Sarmiento.

En esta iniciativa participan: Margarita Ibarra, Ibera Caniuman, Paulina Villarroel, Ximena Carrera, Camila de la Maza, Cecilia Riquelme, Olga Mora, María de la Luz Trautmann, Claudia Pascual, Bárbara Eytel y Claudia Sarmiento.

Diálogos en Pudahuel

Sumado a la campaña en redes sociales, se realizó en los meses de septiembre y octubre conversatorios en que participaron más de ochenta mujeres de organizaciones sociales y de la Red de Mujeres de la comuna de Pudahuel, en conjunto con el Programa Mujeres y Equidad de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel.

Denominados “Dialogar entre nosotras la importancia de la participación en la Nueva Constitución”, esas instancias permitieron dialogar e incentivar la participación de las mujeres en el Proceso Constituyente, para considerarse como protagonistas de este proceso histórico.

INSTITUTO DE LA MUJER PRESENTA INFORME QUE EVALÚA LA SITUACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN CHILE

Informe revela que, si bien en términos generales hay políticas públicas en educación e igualdad de género, se observan vacíos al momento de hacer seguimiento a su implementación y posterior evaluación.

 

El miércoles 28 de octubre el Instituto de la Mujer junto a la Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM) presentaron el “Informe país Chile: situación educativa de las mujeres”, que evalúa la situación del ejercicio del derecho a la educación de las mujeres en el país.

La presentación estuvo a cargo de Gloria Leal, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer, y Julia Aravena, profesional de la organización. Además, contó con las reflexiones de Mónica Novillo, coordinadora de REPEM; Camila Rojas, diputada y expresidenta de la Comisión permanente de educación de la Cámara de Diputadas y Diputados; y Karina Toledo, la integrante del Círculo de Profesoras Feministas Amanda Labarca.

“El informe global realizado por REPEM consolida los reportes de Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay, Perú y Chile y señala los logros y principales desafíos desde la perspectiva de las mujeres. En el caso de Chile elaboramos el reporte durante este año y considera un escenario político y social que incorpora dos hitos importantes en la historia de nuestro país: el Estallido social o Revuelta popular y la pandemia por COVID-19”, dijo la directora ejecutiva del Instituto, Gloria Leal.

El informe revela que, si bien en términos generales hay políticas públicas en educación e igualdad de género, “observamos vacíos al momento de hacer seguimiento a su implementación y posterior evaluación”. Así, por ejemplo, el estudio señala que en la campaña “Educación con equidad”, lanzada en enero del año 2019, “se plantea la educación como un elemento clave para garantizar que la sociedad entregue las mismas oportunidades tanto a mujeres como a hombres, pero no encontramos un plan de acción que se proyecte en el tiempo, que dé cuenta de la cobertura alcanzada, logros, replicabilidad, etc.”.

El documento también contiene una serie de recomendaciones tanto para el Estado de Chile como para las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el derecho a la educación de las mujeres. “El informe aborda procesos como la Nueva Educación Pública o ‘desmunicipalización’, el Programa 4 a 7 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; la Ley Aula Segura, entre otros. Además, entregar las recomendaciones para cada caso”, explicó Leal.

El estudio se realizó en el marco del trabajo que realiza REPEM como una contribución al seguimiento de las políticas de educación y género en articulación con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por los países que integran Naciones Unidas.

Agenda 2030

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamado a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos, como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años.

El objetivo 4to apunta a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. El 5to busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

Desde REPEM se ha señalado la educación como un derecho humano, “debe ser gratuita, pública, inclusiva, laica, no sexista y asegurarse a lo largo de la vida. Constituye una condición indispensable para acelerar la consecución de los objetivos de la igualdad, el desarrollo sostenible, la paz y para garantizar la realización de otros derechos”.

En ese contexto “el Estado es el garante del derecho humano a la educación y, por lo tanto, la instancia rectora. La carencia de perspectivas diferenciales y de género en las políticas y programas estatales y gubernamentales en el campo de la educación en América Latina y el Caribe es una constante”, dice REPEM.

DESCARGA aquí el informe.