CÁMARA APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE SANCIONA EL ACOSO SEXUAL EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

La iniciativa exige que instituciones de educación superior cuenten con protocolos para su prevención, unidades responsables de los procesos de investigación y sanción, así como la protección y reparación de las víctimas.

 

Por 115 votos a favor y una abstención, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes 21 de diciembre la idea de legislar del proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico.

La iniciativa, iniciada en mociones refundidas (boletines 11750, 11797 y 11845), establece que las instituciones de educación superior deberán crear protocolos para prevenir estas prácticas, habilitar unidades responsables de los procesos de investigación y sanción del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, así como la protección y reparación de las víctimas.

El proyecto indica que “la normativa interna, en materia de acoso en el ámbito académico, deberá ser incorporada, expresamente, en los contratos de trabajo y de prestación de servicios educacionales; convenios académicos y de investigación, y cualquier otro instrumento celebrado con personas naturales o jurídicas, incluidos los convenios que se celebren para efectos de llevar a cabo actividades de esparcimiento y recreación”.

Las instituciones de educación superior tendrán un plazo máximo de un año para implementar los modelos de prevención y de sanción, los cuales deberán ser construidos participativamente.

Sobre las medidas y sanciones, el texto señala que, además de aquellas contempladas en el Código del Trabajo, se podrán aplicar otras, tales como:

  • La suspensión e inhabilitación temporal para el ejercicio de ciertos cargos y funciones.
  • La remoción del cargo.
  • La cesación de funciones.
  • La imposibilidad de acceder a financiamientos extraordinarios.
  • La pérdida de distinciones honoríficas.
  • La suspensión o pérdida definitiva de la condición de estudiante.

La Superintendencia de Educación Superior, en tanto, será el organismo competente para sancionar el incumplimiento de las obligaciones establecidas.

Muchas organizaciones de la sociedad civil han contribuido a mejorar el proyecto de ley. Desde Juntas en Acción hemos participado activamente, realizando un seguimiento legislativo del proyecto y proponiendo mejoras a la iniciativa con el objetivo de que efectivamente garantice la prevención y erradicación de este tipo de violencia de género.

Ahora, el trámite legislativo continuará en la Comisión de Mujeres de la Cámara para un segundo informe.

POR QUÉ ES IMPORTANTE UNA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por primera vez, el país podría contar con una legislación integral que aborde las diversas manifestaciones de la violencia contra niñas y mujeres. Aquí te explicamos en qué consiste el proyecto de ley en debate y cuáles son las mejoras necesarias para su aprobación.

 

En enero de 2017 la expresidenta Michelle Bachelet ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia que vendría a dar, por primera vez, un marco legal integral sobre la violencia de género, más allá de leyes fragmentadas que se han orientado a situaciones específicas.

Actualmente, el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional ante la Comisión de Mujer del Senado y, si bien es urgente su aprobación, es necesario que se incluyan mejoras que aseguren la efectividad del proyecto.

A continuación, respondemos algunas preguntas clave sobre el proyecto pronto a convertirse en ley:

¿En qué consiste?

Es un proyecto de ley presentado por la expresidenta Michelle Bachelet en enero de 2017 que tiene por objetivo “prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionar a los agresores, proteger a las víctimas y reparar las violaciones a sus derechos”.

¿Por qué le llaman de #ViolenciaIntegral?

El proyecto se titula Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (Boletín Legislativo Nº 11.077-07), sin embargo, también se le conoce como ley integral de violencia porque aborda de manera completa las diversas manifestaciones de violencia de género contra las niñas y mujeres.

Uno de los aspectos más relevantes es que permitirá superar la conceptualización restringida de violencia intrafamiliar que Chile ha mantenido vigente por más de 25 años, dificultando la comprensión de la violencia de género como resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y la discriminación estructural que las afecta.

¿Por qué podría constituir un avance?

Porque el debate de este proyecto de ley abre la oportunidad de contar con una legislación integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que conceptualice la violencia de género de manera amplia –y no solo restringida a la violencia intrafamiliar y algunas expresiones de violencia sexual– y defina con claridad las obligaciones que corresponden a los órganos del Estado en materia de prevención de la violencia, investigación y sanción de los crímenes, y de protección, atención integral y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales que ha firmado el país. Sin embargo, para que ello sea real se requiere que en el debate del proyecto de ley se incluyan o refuercen ciertos aspectos.

¿Qué es lo que falta?

Para que el proyecto de ley integral sobre violencia de género contra mujeres y niñas sea realmente efectivo debe definir de manera clara y específica las obligaciones que corresponden a los diversos órganos del Estado de Chile en materia de prevención de la violencia, investigación y  sanción de los crímenes, y de protección, atención integral y reparación de las víctimas; mecanismos de exigibilidad a dichas obligaciones y garantizar que ello cuente con el  presupuesto suficiente para el conjunto de organismos públicos.

Organizaciones feministas y de mujeres, articuladas en la plataforma Juntas en Acción, realizaron un llamado urgente a las autoridades a mejorar y aprobar el proyecto de ley. Puedes leer la Declaración AQUÍ.

¿Por qué la redacción del proyecto de ley es tan importante?

No da lo mismo cómo se redacte o escriba el proyecto de ley. Los verbos rectores utilizados en esta ley resultan cruciales para definir el alcance de las acciones a realizar por los diversos órganos del Estado. Así, por ejemplo, es mucho mejor que se definan dichas obligaciones en términos como “garantizar”, “asegurar” o “implementar”, en lugar de otros verbos como “promover”, “impulsar” o “propender”, que no necesariamente comprometen a las instituciones estatales a llevar adelante acciones concretas y específicas en materia de violencia de género.

¿Qué importancia tiene el presupuesto?

Resulta sumamente relevante la discusión presupuestaria del proyecto de ley, que hasta ahora no ha tenido lugar. Es necesario que se defina de manera clara con qué recursos presupuestarios se cuenta en el país para abordar la prevención de la violencia de género, la investigación y sanción de los crímenes, la protección, los servicios de atención integral y la reparación de las víctimas.

¿Qué es lo que falta para que se convierta en ley?

El proyecto se encuentra actualmente en discusión particular en segundo trámite constitucional ante la Comisión de Mujer del Senado de la República (luego de haber sido aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados en enero de 2019). Al término de dicha discusión, el proyecto será nuevamente debatido en la Sala del Senado, y posterior a ello, será remitido nuevamente a la Cámara Baja para que se pronuncie respecto a los eventuales cambios definidos por el Senado.

CAMPAÑA UNIÓN EUROPEA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 25 MUJERES ALZAN LA VOZ CLARA Y FUERTE EL 25 DE NOVIEMBRE

La conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) es una prioridad para la Unión Europea.

 

Los casos de violencia de género en todo el mundo han aumentado y además se ha registrado una caída significativa en las denuncias, especialmente en el contexto de cuarentenas durante la pandemia COVID-19. En este sentido, la Unión Europea reafirma su rol como actor clave en la promoción de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia contra la mujer, y la necesidad de trabajar conjuntamente con sus socios para aumentar la concientización sobre este tremendo desafío.

En este día, la Unión Europea en Chile lanzó en redes sociales la campaña “Alza tu Voz Clara y Fuerte” con el fin de empoderar a las mujeres a denunciar.

Jessica Atal, fue la escritora a cargo de este texto original e inspirador que tiene como objetivo: actuar como herramienta de denuncia; como red de apoyo hacia las mujeres vulneradas; lograr visibilizar tanto la práctica como las consecuencias traumáticas de la violencia —física y psicológica— ejercida contra la mujer; reafirmar la importancia del respeto a los derechos humanos; y crear conciencia frente a las diversas maneras de ejercer violencia contra las mujeres y los delitos asociados a esta.

Las 25 intérpretes de este texto son 25 mujeres destacadas en sus ámbitos, incluidas las 3 embajadoras de Estados Miembros de la Unión Europea en Chile: Mira Martinec Embajadora de Croacia; Eija Rotinen, Embajadora de Finlandia; y Monica Mihaela Stirbu, Embajadora de Rumania.

En la campaña participaron Mercedes Ducci, presidenta de ComunidadMujer y Lorena Fríes, presidenta de Corporación Humanas, ambas organizaciones impulsoras de Juntas en Acción. A ellas se sumaron destacadas mujeres como Antonia Zegers, actriz; Carolina Urrejola, periodista; Christiane Endler, futbolista; Claudia Conserva, conductora y empresaria; Dayana Amigo, actriz, Guadalupe Gajardo, diseñadora de moda; Isidora Urrejola, actriz, Javiera Díaz De Valdés, actriz, Jessica Atal, escritora, Katherine Salosny, actriz y presentadora de TV, Leonor Varela, actriz, Loreto Aravena, actriz, Luz Valdivieso, actriz, Malucha Pinto, actriz y directora de Fundación Aracataca Creaciones, María Gracia Subercaseaux, fotógrafa, María José Prieto, actriz, Pamela Fidalgo, chef y empresaria gastronómica, Renata Bravo actriz, comediante y locutora radial; Soledad Onetto, periodista; Yazmin Vásquez, periodista.

El Embajador de la Unión Europea en Chile, León de la Torre Krais afirmó que “con esta campaña queremos llamar la atención sobre el férreo compromiso de la Unión Europea con la eliminación de la violencia contra las niñas y mujeres, ya que es violencia contra toda la humanidad, y no debe tener cabida ni en Chile ni en Europa ni en ningún otro lugar”.

Alza tu Voz Clara y Fuerte se lanzó este miércoles 25 de noviembre y continuará hasta el 10 de diciembre (Día Internacional de los Derechos Humanos), en el marco de #16Day; un llamado de la UE y de la ONU a 16 días de activismo contra la violencia a la mujer.

PROYECTO DE VIOLENCIA INTEGRAL: QUE LAS ACCIONES ACOMPAÑEN A LAS PALABRAS

Publicada originalmente en Página 19 el 20 de noviembre.

Este año, la crisis sanitaria por Covid-19 ha hecho urgente contar con una legislación integral contra la violencia de género, que defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país.

En enero de 2017 la expresidenta Michelle Bachelet ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre una vida libre de violencia para mujeres y niñas que vendría a dar, por primera vez, un marco legal integral sobre la violencia de género, más allá de leyes fragmentadas que se han orientado a situaciones específicas.

Inexplicablemente, el proyecto lleva casi cuatro años de tramitación en el Parlamento y las obligaciones del Estado todavía no son consistentes ni son lo suficientemente enérgicas para asegurar la protección de las víctimas y la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Es urgente y es fundamental que el proyecto de ley cuente con herramientas que permitan avanzar hacia la prevención y erradicación de la violencia de género de forma efectiva. Para esto es clave garantizar las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegurar la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y contar con un presupuesto adecuado a nivel transversal en todo el aparato gubernamental.

En el mes en que conmemoramos el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, nos parece esencial que el país se comprometa verdaderamente con los derechos humanos de las niñas y mujeres, partiendo por el de asegurarles una vida libre de violencia.

El Ejecutivo ha manifestado numerosas veces su apoyo a este proyecto, al igual que muchos parlamentarios y parlamentarias. El objetivo de la iniciativa aúna el respaldo de diferentes fuerzas políticas. Por ello, no es entendible que a la fecha no haya podido ser aprobado ni se hayan incluido las modificaciones clave que permitan su adecuada implementación.

Hoy necesitamos que ese apoyo se exprese decididamente en indicaciones concretas que garanticen el compromiso del Estado de Chile con la eliminación de la violencia de género. Las mujeres en Chile no podemos seguir esperando.

CARTA AL DIRECTOR: PROYECTO DE LEY DE VIOLENCIA INTEGRAL

Publicada originalmente el 19 de noviembre en La Tercera.

Noviembre, el mes en que se conmemora el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, comenzó con tres femicidios, sumando más de cuarenta durante este año.

Mientras, el Senado sigue discutiendo el proyecto de ley sobre una vida libre de violencia, ingresado hace ya casi cuatro años, clave para la efectiva prevención y erradicación de la violencia de género. Sin embargo, su tramitación ha sido lenta y el compromiso del Ejecutivo sigue sin plasmarse en indicaciones concretas que efectivamente protejan a las víctimas y les brinden oportunidades para su reparación.

Lo hemos dicho: la aprobación del proyecto es urgente, pero antes es necesario que éste incluya tres puntos fundamentales para asegurar su efectividad: garantizar las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegurar la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y contar con un presupuesto adecuado.

Se trata de indicaciones que requieren mayores recursos y, por ende, son prerrogativas exclusivas del Ejecutivo. El gobierno ha manifestado en varias ocasiones que este proyecto es su prioridad y hoy le pedimos que lo demuestre con hechos. Las vidas de las niñas y mujeres de Chile no tienen precio.

 

Jessica González, directora del Centro de Liderazgo de ComunidadMujer.
Victoria Hurtado, vicepresidenta de Corporación Humanas.
Claudia Núñez, coordinadora de la plataforma Juntas en Acción.

ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES HACEN LLAMADO URGENTE A PERFECCIONAR Y APROBAR LA LEY INTEGRAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizaciones feministas y de mujeres, articuladas en la plataforma Juntas en Acción, realizaron el llamado en el contexto de la campaña en el mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

 

SANTIAGO, 18 de noviembre.- Juntas en Acción, plataforma que reúne a organizaciones por los derechos de las mujeres liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas, realizó un urgente llamado a las autoridades a comprometerse con indicaciones concretas que garanticen la efectividad del proyecto de ley por una vida libre de violencia, en el marco del mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción, afirmó que “hemos escuchado al Gobierno y a las parlamentarias de todos los partidos respaldar el objetivo del proyecto de ley, que es la prevención y eliminación de toda forma de violencia de género. Hoy necesitamos que ese apoyo se exprese en la voluntad política de incorporar y votar indicaciones que de manera efectiva garanticen el compromiso del Estado de Chile con la eliminación de la violencia de género. Las mujeres de Chile no podemos seguir esperando”.

La declaración, suscrita por organizaciones como el Observatorio Contra el Acoso Chile, el Instituto de la Mujer, la Agrupación LésBica Rompiendo el Silencio y el Centro de Estudios de la Mujer, entre más de 20 organizaciones, plantea que es fundamental que el proyecto de ley garantice las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegure la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y cuente con un presupuesto adecuado.

En primer lugar, el proyecto de ley debe recoger los principios y obligaciones que corresponden a los diversos órganos del Estado contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña, entre otros tratados internacionales vigentes en el país.

En segundo lugar, es necesario incorporar mandatos obligatorios de formación y capacitación sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas respecto de autoridades, funcionarios/as y personal de todos los órganos del Estado, y requisitos de conocimiento y especialización específicos a quienes intervengan en la prevención, investigación y sanción de la violencia, protección, atención y reparación de las víctimas.

Finalmente, la plataforma explica que la Ley de Presupuestos del sector público debe incluir anualmente partidas presupuestarias suficientes y regulares para la implementación de las políticas, planes, programas y servicios necesarios para la adecuada implementación de esta Ley. Estas deben incluirse en todas las reparticiones públicas que trabajen con víctimas de violencia y deben ser refrendadas mediante glosas presupuestarias que aseguren su implementación correspondiendo su monitoreo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la fiscalización de su cumplimiento anualmente al parlamento.

El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia fue presentado por la expresidenta Michelle Bachelet en enero de 2017 y actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado. Ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, no ha avanzado. De ahí la relevancia de un compromiso urgente y decidido de las autoridades por el derecho a una vida libre de violencia.

 

Lee la DECLARACIÓN aquí: https://bit.ly/DeclaraciónPorUnaLeyDeViolenciaIntegral

AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO LANZA CAMPAÑA #ELOTROCLOSET PARA VISIBILIZAR CÓMO LA PANDEMIA HA AFECTADO A LA COMUNIDAD DE MUJERES LBTI+

Proyecto es uno de los ganadores del fondo concursable Juntas enfrentamos la crisis Covid-19, de Juntas en Acción con el apoyo de la Unión Europea.

 

La crisis sanitaria, económica y social que vive Chile ha intensificado las desigualdades e injusticias sociales, impactando especialmente a la comunidad LGBTI+. Esto se refleja en que muchas personas se han visto afectadas por situaciones de violencia al interior de sus familias y hogares producto del confinamiento, precarización laboral y ausencia de redes de apoyo. Esta situación es indicada por la ONU como una situación de vulnerabilidad que debe ser considerada por los Estados durante la pandemia.

Según el informe Ser Lesbiana en Chile, en 2018, 23,62% de las encuestadas no había revelado su orientación sexual a su padre, ni 10,32% a su madre. Hoy, un 18,7% ha tenido que volver a casas de familiares por la pandemia; es decir, personas independientes han tenido que regresar donde posiblemente experimentaron violencia.

Para visibilizar los efectos que ha tenido la pandemia en la comunidad LGBTI+ en Chile, la Agrupación LésBIca Rompiendo El Silencio presentó la campaña #ElOtroCloset con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan a las comunidades disidentes en Chile producto de la crisis sanitaria, con el apoyo de la plataforma de organizaciones por los derechos de las mujeres Juntas en Acción y el financiamiento de la Unión Europea.

Junto a la comediante y comunicadora Natalia Valdebenito y la música Camila Moreno se inicia el programa “Abramos #ElOtroCloset”, un espacio bimensual y online para construir comunidad y resistencia. Asimismo, estarán participando activistas lesbofeministas de Justicia Para Nicole Saavedra. La cita es el jueves 12 de noviembre a las 20:30 horas a través del Facebook, Youtube y Twitter de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Además, la iniciativa contempla un “Ciclo de talleres que abrazan” para conversar y conocer las realidades que afectan a las comunidades y entregar herramientas que ayuden a enfrentar de mejor manera la crisis social y sanitaria que nos ha afectado.

CONGRESO FIJA EL 19 DE DICIEMBRE COMO EL DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO

La fecha recuerda el asesinato de Javiera Neira Oportus de tan sólo 6 años de edad.

 

El martes 27 de octubre el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional Contra el Femicidio.

El objetivo de la iniciativa es “rendir homenaje a numerosas víctimas de este delito” y “generar conciencia sobre la importancia de que las mujeres gocen de un efectivo derecho de vivir libremente y sin amenazas a su integridad física”, según señala el proyecto de ley.

La normativa llama a la reflexión “mediante el establecimiento de un día especial destinado a hablar de femicidio, incorporándolo en el imaginario social como una posibilidad real de la que ninguna está a salvo; que recuerde que las mujeres deben ser oídas, de modo que el femicidio, como un tipo de violencia específica tenga un lugar en las organizaciones sociales, en la academia, en el calendario y en la legislación; pero también para tener un día especial en el cual se recuerde a las mujeres y niñas asesinadas, de modo de presionar a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al Estado y al gobierno a actuar contra la violencia de género e interpela a legislar, financiar y optimizar el funcionamiento institucional existente en materia de prevención y reparación de la violencia extrema”.

¿Por qué el 19 de diciembre?

El 19 de diciembre recuerda la muerte de Javiera Neira Oportus, de tan sólo 6 años, asesinada por su padre el año 2005. Ese año, su madre Claudia Neira decidió separarse de Alfredo Cabrera (padre de Javiera) debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos, por lo que el tribunal decretó una medida cautelar.

El día 19 de diciembre correspondía que Javiera estuviera con su padre, sin embargo, al no volver a tiempo de la visita su madre se preocupó y fue a buscarla. Él se negó a entregarle a la niña y agredió a Claudia. Javiera trató de defender a su madre y fue lanzada por su padre desde el séptimo piso.

A raíz de este hecho se crea la Coordinadora 19 de Diciembre en memoria de Javiera, como una manera de enfrentar el femicidio y sus alcances. Una de sus propuestas fue declarar este día como Día Nacional contra el Femicidio. “Contar con un día contra el femicidio presiona a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al Estado y al gobierno a desnaturalizar la violencia contra las mujeres y niñas e interpela a legislar, financiar y optimizar el funcionamiento institucional existente en materia de prevención y reparación de la violencia extrema. Urge un cambio legislativo y cultural”, explica el sitio web de la Coordinadora 19 de Diciembre.

IV ENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REVELA QUE DOS DE CADA CINCO MUJERES SEÑALAN HABER SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LO LARGO DE SU VIDA

La encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del delito sumó, por primera vez, indicadores de violencia de género en adultas mayores y las consecuencias psicológicas que acarrea. Además, mostró una preocupante baja en las denuncias.

 

Esta semana se dio a conocer la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM), realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Los resultados evidencian que la violencia de género es una problemática muy extendida: 41, 4% de mujeres entre 15 y 65 años dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual durante su vida, un aumento de tres puntos porcentuales respecto a la medición de 2017 (38,3%).

“Los datos son abrumadores porque corroboran que la violencia de género es parte de la vida de demasiadas mujeres, y que con el tiempo no ha disminuido. Han pasado tres décadas de diversas políticas, programas y servicios y numerosas reformas legales, pero la violencia sigue instalada en la vida de las mujeres y las niñas”, señala Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Chile (OCAC) concuerda: “Los resultados son tremendamente dolorosos. Las violencias de género, intrafamiliares, en los distintos espacios públicos son una realidad con la que vivimos niñas y mujeres, y también la población LGBTIQ+. La Radiografía del Acoso Sexual en Chile de OCAC y Juntas en Acción lanzada hace poco también daba cuenta de eso: cómo hay una vivencia constante en la vida de las niñas, mujeres y disidencias sexuales y de género en violencias y violencias sexuales”.

Baja en las denuncias

Uno de los datos más relevantes de la encuesta es la disminución de las denuncias. Si bien los índices de violencia subieron en prácticamente todas las regiones del país, las denuncias registraron una baja. Las denuncias por violencia psicológica bajaron de 22,8% el 2017 a 19% este año, al igual que la agresión física (de 36,5% a 29%) y sexual (23% a un 16,3%).

Para Camila Maturana, esto “debiera generar preocupación las tremendas barreras que las mujeres y las niñas enfrentan para poder denunciar y recibir apoyo y protección”. Tal como Juntas en Acción viene planteando desde el comienzo de la pandemia, es necesario asegurar la respuesta rápida del sistema a través de las policías; implementar la recepción de denuncias por medios telefónicos y electrónicos; aumentar capacidad de casas de acogida adaptadas a la pandemia; y asignar recursos presupuestarios especiales para abordar este problema durante la emergencia sanitaria.

Los motivos para no realizar las denuncias son, mayoritariamente, el miedo, la vergüenza y la subvaloración del episodio de violencia. “Lamentablemente, son muchas las mujeres que, viviendo una situación de violencia, la mantienen en silencio y no denuncian. Los motivos son diversos, pero se encuentran estrechamente relacionados: para las mujeres la denuncia las expone a nuevos riesgos: sienten miedo de denunciar porque pueden ser nuevamente agredidas, tanto ellas, como sus hijos y/o familiares; sienten vergüenza de denunciar pues saben que, muchas veces, no se les cree, no se les toma en serio o terminan siendo cuestionadas o responsabilizadas de la violencia; no creen que denunciar les sirva o ya han denunciado antes sin obtener una respuesta adecuada. Pero también preocupa que gran parte de las mujeres dejen de denunciar porque terminan minimizando la agresión sufrida o se mantienen en la relación violenta”, explica la abogada de Corporación Humanas.

Nuevos datos

En esta ocasión se midieron, por primera vez, la violencia en mujeres mayores de 66 años y las consecuencias psicológicas de la violencia de género.

Un 30,9% de las mujeres adultas mayores admitió haber sufrido violencia psicológica en su vida, un 16% violencia física y un 9,5% violencia sexual. Por otra parte, entre las principales consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar se cuentan la angustia o miedo, problemas para dormir y problemas nerviosos.

Al respecto, Camila Maturana afirma que “la violencia no se reduce al episodio mismo, o a las lesiones directas causadas, las secuelas de la violencia son graves y normalmente permanecen en el tiempo, afectando su calidad de vida, impactando en diversas dimensiones y dificultando el desarrollo pleno de las mujeres y las niñas”.

En este sentido, es importante destacar que las consecuencias de la violencia no sólo son psicológicas, sino que tienen un impacto directo en las posibilidades de desarrollo personal, laboral y académico de las mujeres. La encuesta de OCAC y Juntas en Acción reveló que luego de sufrir acoso sexual 1 de cada 4 mujeres renunció a su empleo; 1 de cada 10 mujeres se retiró de su establecimiento educativo; y 1 de cada 4 mujeres ha abandonado y/o cerrado sus redes sociales, juegos, foros, etc., luego de sufrir ciberacoso sexual.

Acoso sexual callejero

Uno de los tipos de violencia que tuvo mayor aumento fue el acoso sexual callejero. La cantidad de mujeres que señaló haber sido víctima de una situación de violencia en el espacio público en algún momento de su vida aumentó de 25% a 46,9%.

La presidenta de OCAC explica que esto “responde a la problematización de estas violencias sexuales. El año pasado se aprobó y promulgó la ley contra el acoso sexual callejero (propiciada por nuestra organización), donde hubo un trabajo de visibilización de esta problemática, por lo que hay una mayor identificación de las víctimas de esta violencia. Esto no quiere decir que ocurra más, sino que se está reconociendo más, y eso es bastante positivo en los procesos de problematización, pero no es suficiente para erradicarlo”.

En ese sentido, Guerrero explicó que es necesario que la ley se aplique correctamente ya que hoy “tenemos policías que no están tomando las denuncias, que están revictimizando a las víctimas, que están preguntando cómo estaban vestidas, que les dicen que no era delito y que no podían tomar la denuncia”, precisa.

El rol del Estado

Tanto Camila Maturana como María José Guerrero coinciden en la importancia de contar con estos datos. “Resulta de la mayor relevancia que los organismos públicos realicen estudios periódicos que permitan conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones y en distintos ámbitos, y que las políticas públicas sean revisadas y corregidas a partir de la información que estos estudios arrojan”, explicó Maturana.

“Es importante que las autoridades tomen nota de que en Chile las mujeres y las niñas son una población de riesgo por el solo hecho de ser mujeres. El riesgo de sufrir delitos graves está presente a lo largo de todo su ciclo de vida y no se limita al ámbito familiar, pues también las mujeres son violentadas en el espacio público, en sus lugares de estudio cuando son niñas o adolescentes y luego de adultas en sus trabajos”, finaliza la abogada de Corporación Humanas.

Descarga la encuesta AQUÍ.

#JUSTICIAPARAANTONIA: “ANTONIA ESTÁ MUERTA Y AUN ASÍ ES DESACREDITADA EN UN PROCESO JUDICIAL Y ESO ES MISOGINIA PURA”

Abogada Camila Maturana de Corporación Humanas explica por qué es importante avanzar hacia una justicia que no otorgue impunidad a los agresores, sino justicia para las mujeres.

El miércoles 22 de julio, el Juzgado de Garantía de Temuco desestimó decretar prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, agresor sexual de Antonia Barra y de otras cuatro mujeres, algunas de ellas menores de edad, provocando manifestaciones de repudio de mujeres en distintas ciudades del país.

Desde Juntas en Acción nos unimos a esta protesta. Lamentablemente, estamos viendo como, una vez más, la justicia responde con impunidad y desprotección a las víctimas de violencia de género. “Hoy estamos hablando de esto por una tragedia que da cuenta del profundo daño que la violencia, particularmente la violencia sexual, le causa a las mujeres. Esta tragedia nos permite conversar sobre el tema y poner más atención a cómo la justicia cotidianamente enfrenta este tipo de denuncias”, señala Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

Justicia patriarcal

“Martín Pradenas es un peligro para la sociedad y en particular es un peligro para las mujeres y las niñas. Estamos en presencia de un agresor sexual en serie”. Camila Maturana es clara: los antecedentes expuestos en el proceso judicial contra Pradenas son brutales: fue formalizado por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años por seis hechos distintos ocurridos entre 2010 y 2019.

Hace años, organizaciones por los derechos de las mujeres han venido denunciando que el sistema judicial revictimiza y culpabiliza a las propias víctimas. “Cuando una mujer denuncia sabe que va a ser cuestionada. Antonia está muerta y aun así es desacreditada en un proceso judicial y eso es misoginia pura, es un peligro para todas las víctimas, es la razón por la que las mujeres no denunciamos ante la justicia: porque la justicia no resguarda la tremenda exposición que significa denunciar”, explica Maturana.

La justicia no entrega resguardos contra los estereotipos de género. En este sentido, casos como el de Antonia deberían servir para hacernos avanzar hacia una justicia que no propicie la impunidad y para ello la educación es esencial. “Es importante que como sociedad conversemos sobre lo que significa denunciar violencia sexual en el contexto de una justicia patriarcal, de operadores de justicia que no han tenido elementos, ni en su formación profesional ni en su práctica, para deconstruir aquellos estereotipos de género que naturalizan la violencia patriarcal y que responsabilizan de ella a las propias víctimas”, señala Maturana.

“Queremos justicia para Antonia y para todas las víctimas”, refuerza Camila Maturana. En momentos en que la violencia de género, y particularmente la violencia sexual, ha aumentado en contexto de pandemia es fundamental garantizar la protección de las víctimas. El Estado debe adoptar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres, tal como han solicitado los organismos internacionales a nuestro país.

Desde Juntas en Acción hemos insistido en que el Estado debe asumir la obligación de capacitar y especializar a los/as funcionarios/as públicos/as y operadores/as de justicia en derechos humanos, perspectiva de género y violencia contra las mujeres y las niñas. Esto debe quedar debidamente consignado de esta manera en el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente en tramitación.