ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES HACEN LLAMADO URGENTE A PERFECCIONAR Y APROBAR LA LEY INTEGRAL SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizaciones feministas y de mujeres, articuladas en la plataforma Juntas en Acción, realizaron el llamado en el contexto de la campaña en el mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

 

SANTIAGO, 18 de noviembre.- Juntas en Acción, plataforma que reúne a organizaciones por los derechos de las mujeres liderada por ComunidadMujer y Corporación Humanas, realizó un urgente llamado a las autoridades a comprometerse con indicaciones concretas que garanticen la efectividad del proyecto de ley por una vida libre de violencia, en el marco del mes por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Claudia Núñez, coordinadora de Juntas en Acción, afirmó que “hemos escuchado al Gobierno y a las parlamentarias de todos los partidos respaldar el objetivo del proyecto de ley, que es la prevención y eliminación de toda forma de violencia de género. Hoy necesitamos que ese apoyo se exprese en la voluntad política de incorporar y votar indicaciones que de manera efectiva garanticen el compromiso del Estado de Chile con la eliminación de la violencia de género. Las mujeres de Chile no podemos seguir esperando”.

La declaración, suscrita por organizaciones como el Observatorio Contra el Acoso Chile, el Instituto de la Mujer, la Agrupación LésBica Rompiendo el Silencio y el Centro de Estudios de la Mujer, entre más de 20 organizaciones, plantea que es fundamental que el proyecto de ley garantice las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegure la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y cuente con un presupuesto adecuado.

En primer lugar, el proyecto de ley debe recoger los principios y obligaciones que corresponden a los diversos órganos del Estado contenidas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre Derechos del Niño y la Niña, entre otros tratados internacionales vigentes en el país.

En segundo lugar, es necesario incorporar mandatos obligatorios de formación y capacitación sobre derechos humanos, discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas respecto de autoridades, funcionarios/as y personal de todos los órganos del Estado, y requisitos de conocimiento y especialización específicos a quienes intervengan en la prevención, investigación y sanción de la violencia, protección, atención y reparación de las víctimas.

Finalmente, la plataforma explica que la Ley de Presupuestos del sector público debe incluir anualmente partidas presupuestarias suficientes y regulares para la implementación de las políticas, planes, programas y servicios necesarios para la adecuada implementación de esta Ley. Estas deben incluirse en todas las reparticiones públicas que trabajen con víctimas de violencia y deben ser refrendadas mediante glosas presupuestarias que aseguren su implementación correspondiendo su monitoreo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y la fiscalización de su cumplimiento anualmente al parlamento.

El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia fue presentado por la expresidenta Michelle Bachelet en enero de 2017 y actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado. Ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, no ha avanzado. De ahí la relevancia de un compromiso urgente y decidido de las autoridades por el derecho a una vida libre de violencia.

 

Lee la DECLARACIÓN aquí: https://bit.ly/DeclaraciónPorUnaLeyDeViolenciaIntegral

AGRUPACIÓN LÉSBICA ROMPIENDO EL SILENCIO LANZA CAMPAÑA #ELOTROCLOSET PARA VISIBILIZAR CÓMO LA PANDEMIA HA AFECTADO A LA COMUNIDAD DE MUJERES LBTI+

Proyecto es uno de los ganadores del fondo concursable Juntas enfrentamos la crisis Covid-19, de Juntas en Acción con el apoyo de la Unión Europea.

 

La crisis sanitaria, económica y social que vive Chile ha intensificado las desigualdades e injusticias sociales, impactando especialmente a la comunidad LGBTI+. Esto se refleja en que muchas personas se han visto afectadas por situaciones de violencia al interior de sus familias y hogares producto del confinamiento, precarización laboral y ausencia de redes de apoyo. Esta situación es indicada por la ONU como una situación de vulnerabilidad que debe ser considerada por los Estados durante la pandemia.

Según el informe Ser Lesbiana en Chile, en 2018, 23,62% de las encuestadas no había revelado su orientación sexual a su padre, ni 10,32% a su madre. Hoy, un 18,7% ha tenido que volver a casas de familiares por la pandemia; es decir, personas independientes han tenido que regresar donde posiblemente experimentaron violencia.

Para visibilizar los efectos que ha tenido la pandemia en la comunidad LGBTI+ en Chile, la Agrupación LésBIca Rompiendo El Silencio presentó la campaña #ElOtroCloset con el objetivo de visibilizar las problemáticas que afectan a las comunidades disidentes en Chile producto de la crisis sanitaria, con el apoyo de la plataforma de organizaciones por los derechos de las mujeres Juntas en Acción y el financiamiento de la Unión Europea.

Junto a la comediante y comunicadora Natalia Valdebenito y la música Camila Moreno se inicia el programa “Abramos #ElOtroCloset”, un espacio bimensual y online para construir comunidad y resistencia. Asimismo, estarán participando activistas lesbofeministas de Justicia Para Nicole Saavedra. La cita es el jueves 12 de noviembre a las 20:30 horas a través del Facebook, Youtube y Twitter de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Además, la iniciativa contempla un “Ciclo de talleres que abrazan” para conversar y conocer las realidades que afectan a las comunidades y entregar herramientas que ayuden a enfrentar de mejor manera la crisis social y sanitaria que nos ha afectado.

CONGRESO FIJA EL 19 DE DICIEMBRE COMO EL DÍA NACIONAL CONTRA EL FEMICIDIO

La fecha recuerda el asesinato de Javiera Neira Oportus de tan sólo 6 años de edad.

 

El martes 27 de octubre el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional Contra el Femicidio.

El objetivo de la iniciativa es “rendir homenaje a numerosas víctimas de este delito” y “generar conciencia sobre la importancia de que las mujeres gocen de un efectivo derecho de vivir libremente y sin amenazas a su integridad física”, según señala el proyecto de ley.

La normativa llama a la reflexión “mediante el establecimiento de un día especial destinado a hablar de femicidio, incorporándolo en el imaginario social como una posibilidad real de la que ninguna está a salvo; que recuerde que las mujeres deben ser oídas, de modo que el femicidio, como un tipo de violencia específica tenga un lugar en las organizaciones sociales, en la academia, en el calendario y en la legislación; pero también para tener un día especial en el cual se recuerde a las mujeres y niñas asesinadas, de modo de presionar a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al Estado y al gobierno a actuar contra la violencia de género e interpela a legislar, financiar y optimizar el funcionamiento institucional existente en materia de prevención y reparación de la violencia extrema”.

¿Por qué el 19 de diciembre?

El 19 de diciembre recuerda la muerte de Javiera Neira Oportus, de tan sólo 6 años, asesinada por su padre el año 2005. Ese año, su madre Claudia Neira decidió separarse de Alfredo Cabrera (padre de Javiera) debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos, por lo que el tribunal decretó una medida cautelar.

El día 19 de diciembre correspondía que Javiera estuviera con su padre, sin embargo, al no volver a tiempo de la visita su madre se preocupó y fue a buscarla. Él se negó a entregarle a la niña y agredió a Claudia. Javiera trató de defender a su madre y fue lanzada por su padre desde el séptimo piso.

A raíz de este hecho se crea la Coordinadora 19 de Diciembre en memoria de Javiera, como una manera de enfrentar el femicidio y sus alcances. Una de sus propuestas fue declarar este día como Día Nacional contra el Femicidio. “Contar con un día contra el femicidio presiona a la sociedad civil, a los medios de comunicación, al Estado y al gobierno a desnaturalizar la violencia contra las mujeres y niñas e interpela a legislar, financiar y optimizar el funcionamiento institucional existente en materia de prevención y reparación de la violencia extrema. Urge un cambio legislativo y cultural”, explica el sitio web de la Coordinadora 19 de Diciembre.

IV ENCUESTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES REVELA QUE DOS DE CADA CINCO MUJERES SEÑALAN HABER SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A LO LARGO DE SU VIDA

La encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del delito sumó, por primera vez, indicadores de violencia de género en adultas mayores y las consecuencias psicológicas que acarrea. Además, mostró una preocupante baja en las denuncias.

 

Esta semana se dio a conocer la IV Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF-VCM), realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Los resultados evidencian que la violencia de género es una problemática muy extendida: 41, 4% de mujeres entre 15 y 65 años dijeron haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual durante su vida, un aumento de tres puntos porcentuales respecto a la medición de 2017 (38,3%).

“Los datos son abrumadores porque corroboran que la violencia de género es parte de la vida de demasiadas mujeres, y que con el tiempo no ha disminuido. Han pasado tres décadas de diversas políticas, programas y servicios y numerosas reformas legales, pero la violencia sigue instalada en la vida de las mujeres y las niñas”, señala Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

María José Guerrero, presidenta del Observatorio contra el Acoso Chile (OCAC) concuerda: “Los resultados son tremendamente dolorosos. Las violencias de género, intrafamiliares, en los distintos espacios públicos son una realidad con la que vivimos niñas y mujeres, y también la población LGBTIQ+. La Radiografía del Acoso Sexual en Chile de OCAC y Juntas en Acción lanzada hace poco también daba cuenta de eso: cómo hay una vivencia constante en la vida de las niñas, mujeres y disidencias sexuales y de género en violencias y violencias sexuales”.

Baja en las denuncias

Uno de los datos más relevantes de la encuesta es la disminución de las denuncias. Si bien los índices de violencia subieron en prácticamente todas las regiones del país, las denuncias registraron una baja. Las denuncias por violencia psicológica bajaron de 22,8% el 2017 a 19% este año, al igual que la agresión física (de 36,5% a 29%) y sexual (23% a un 16,3%).

Para Camila Maturana, esto “debiera generar preocupación las tremendas barreras que las mujeres y las niñas enfrentan para poder denunciar y recibir apoyo y protección”. Tal como Juntas en Acción viene planteando desde el comienzo de la pandemia, es necesario asegurar la respuesta rápida del sistema a través de las policías; implementar la recepción de denuncias por medios telefónicos y electrónicos; aumentar capacidad de casas de acogida adaptadas a la pandemia; y asignar recursos presupuestarios especiales para abordar este problema durante la emergencia sanitaria.

Los motivos para no realizar las denuncias son, mayoritariamente, el miedo, la vergüenza y la subvaloración del episodio de violencia. “Lamentablemente, son muchas las mujeres que, viviendo una situación de violencia, la mantienen en silencio y no denuncian. Los motivos son diversos, pero se encuentran estrechamente relacionados: para las mujeres la denuncia las expone a nuevos riesgos: sienten miedo de denunciar porque pueden ser nuevamente agredidas, tanto ellas, como sus hijos y/o familiares; sienten vergüenza de denunciar pues saben que, muchas veces, no se les cree, no se les toma en serio o terminan siendo cuestionadas o responsabilizadas de la violencia; no creen que denunciar les sirva o ya han denunciado antes sin obtener una respuesta adecuada. Pero también preocupa que gran parte de las mujeres dejen de denunciar porque terminan minimizando la agresión sufrida o se mantienen en la relación violenta”, explica la abogada de Corporación Humanas.

Nuevos datos

En esta ocasión se midieron, por primera vez, la violencia en mujeres mayores de 66 años y las consecuencias psicológicas de la violencia de género.

Un 30,9% de las mujeres adultas mayores admitió haber sufrido violencia psicológica en su vida, un 16% violencia física y un 9,5% violencia sexual. Por otra parte, entre las principales consecuencias psicológicas de la violencia intrafamiliar se cuentan la angustia o miedo, problemas para dormir y problemas nerviosos.

Al respecto, Camila Maturana afirma que “la violencia no se reduce al episodio mismo, o a las lesiones directas causadas, las secuelas de la violencia son graves y normalmente permanecen en el tiempo, afectando su calidad de vida, impactando en diversas dimensiones y dificultando el desarrollo pleno de las mujeres y las niñas”.

En este sentido, es importante destacar que las consecuencias de la violencia no sólo son psicológicas, sino que tienen un impacto directo en las posibilidades de desarrollo personal, laboral y académico de las mujeres. La encuesta de OCAC y Juntas en Acción reveló que luego de sufrir acoso sexual 1 de cada 4 mujeres renunció a su empleo; 1 de cada 10 mujeres se retiró de su establecimiento educativo; y 1 de cada 4 mujeres ha abandonado y/o cerrado sus redes sociales, juegos, foros, etc., luego de sufrir ciberacoso sexual.

Acoso sexual callejero

Uno de los tipos de violencia que tuvo mayor aumento fue el acoso sexual callejero. La cantidad de mujeres que señaló haber sido víctima de una situación de violencia en el espacio público en algún momento de su vida aumentó de 25% a 46,9%.

La presidenta de OCAC explica que esto “responde a la problematización de estas violencias sexuales. El año pasado se aprobó y promulgó la ley contra el acoso sexual callejero (propiciada por nuestra organización), donde hubo un trabajo de visibilización de esta problemática, por lo que hay una mayor identificación de las víctimas de esta violencia. Esto no quiere decir que ocurra más, sino que se está reconociendo más, y eso es bastante positivo en los procesos de problematización, pero no es suficiente para erradicarlo”.

En ese sentido, Guerrero explicó que es necesario que la ley se aplique correctamente ya que hoy “tenemos policías que no están tomando las denuncias, que están revictimizando a las víctimas, que están preguntando cómo estaban vestidas, que les dicen que no era delito y que no podían tomar la denuncia”, precisa.

El rol del Estado

Tanto Camila Maturana como María José Guerrero coinciden en la importancia de contar con estos datos. “Resulta de la mayor relevancia que los organismos públicos realicen estudios periódicos que permitan conocer la prevalencia de la violencia contra las mujeres en sus diversas manifestaciones y en distintos ámbitos, y que las políticas públicas sean revisadas y corregidas a partir de la información que estos estudios arrojan”, explicó Maturana.

“Es importante que las autoridades tomen nota de que en Chile las mujeres y las niñas son una población de riesgo por el solo hecho de ser mujeres. El riesgo de sufrir delitos graves está presente a lo largo de todo su ciclo de vida y no se limita al ámbito familiar, pues también las mujeres son violentadas en el espacio público, en sus lugares de estudio cuando son niñas o adolescentes y luego de adultas en sus trabajos”, finaliza la abogada de Corporación Humanas.

Descarga la encuesta AQUÍ.

#JUSTICIAPARAANTONIA: “ANTONIA ESTÁ MUERTA Y AUN ASÍ ES DESACREDITADA EN UN PROCESO JUDICIAL Y ESO ES MISOGINIA PURA”

Abogada Camila Maturana de Corporación Humanas explica por qué es importante avanzar hacia una justicia que no otorgue impunidad a los agresores, sino justicia para las mujeres.

El miércoles 22 de julio, el Juzgado de Garantía de Temuco desestimó decretar prisión preventiva en contra de Martín Pradenas, agresor sexual de Antonia Barra y de otras cuatro mujeres, algunas de ellas menores de edad, provocando manifestaciones de repudio de mujeres en distintas ciudades del país.

Desde Juntas en Acción nos unimos a esta protesta. Lamentablemente, estamos viendo como, una vez más, la justicia responde con impunidad y desprotección a las víctimas de violencia de género. “Hoy estamos hablando de esto por una tragedia que da cuenta del profundo daño que la violencia, particularmente la violencia sexual, le causa a las mujeres. Esta tragedia nos permite conversar sobre el tema y poner más atención a cómo la justicia cotidianamente enfrenta este tipo de denuncias”, señala Camila Maturana, abogada de Corporación Humanas.

Justicia patriarcal

“Martín Pradenas es un peligro para la sociedad y en particular es un peligro para las mujeres y las niñas. Estamos en presencia de un agresor sexual en serie”. Camila Maturana es clara: los antecedentes expuestos en el proceso judicial contra Pradenas son brutales: fue formalizado por los delitos de abuso sexual impropio y violación a mayor de 14 años por seis hechos distintos ocurridos entre 2010 y 2019.

Hace años, organizaciones por los derechos de las mujeres han venido denunciando que el sistema judicial revictimiza y culpabiliza a las propias víctimas. “Cuando una mujer denuncia sabe que va a ser cuestionada. Antonia está muerta y aun así es desacreditada en un proceso judicial y eso es misoginia pura, es un peligro para todas las víctimas, es la razón por la que las mujeres no denunciamos ante la justicia: porque la justicia no resguarda la tremenda exposición que significa denunciar”, explica Maturana.

La justicia no entrega resguardos contra los estereotipos de género. En este sentido, casos como el de Antonia deberían servir para hacernos avanzar hacia una justicia que no propicie la impunidad y para ello la educación es esencial. “Es importante que como sociedad conversemos sobre lo que significa denunciar violencia sexual en el contexto de una justicia patriarcal, de operadores de justicia que no han tenido elementos, ni en su formación profesional ni en su práctica, para deconstruir aquellos estereotipos de género que naturalizan la violencia patriarcal y que responsabilizan de ella a las propias víctimas”, señala Maturana.

“Queremos justicia para Antonia y para todas las víctimas”, refuerza Camila Maturana. En momentos en que la violencia de género, y particularmente la violencia sexual, ha aumentado en contexto de pandemia es fundamental garantizar la protección de las víctimas. El Estado debe adoptar medidas para garantizar la seguridad de las mujeres, tal como han solicitado los organismos internacionales a nuestro país.

Desde Juntas en Acción hemos insistido en que el Estado debe asumir la obligación de capacitar y especializar a los/as funcionarios/as públicos/as y operadores/as de justicia en derechos humanos, perspectiva de género y violencia contra las mujeres y las niñas. Esto debe quedar debidamente consignado de esta manera en el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente en tramitación.

OBSERVATORIO CONTRA EL ACOSO CHILE LANZA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE ACOSO SEXUAL

Encuesta Radiografía del Acoso en Chile revela que las mujeres son las más afectadas en todos los ámbitos: educacional, laboral, espacios públicos y virtuales.

Este lunes, a través de una presentación virtual, el Observatorio Contra el Acoso Chile (OCAC) lanzó la Radiografía del acoso sexual, primera encuesta a nivel nacional que aborda este tipo de violencia sexual es los ámbitos callejero, laboral, educativo y ciberacoso.

La iniciativa, realizada en el marco de la plataforma Juntas en Acción y cofinanciada por la Unión Europea, revela que las mujeres son las principales afectadas: prácticamente todas han sufrido algún tipo de acoso sexual a lo largo de sus vidas, sin embargo, la mitad no sabe que son víctimas de una violencia sexual.

Para María José Guerrero, presidenta de OCAC, el resultado de la radiografía servirá de herramienta para enfrentar esta realidad social que afecta en su mayor parte a mujeres, niñas/os/es y disidencias, señalando que “a nivel nacional, tenemos un desarrollo de políticas y legislaciones en términos de violencia sexual carentes de contenido. Si queremos avanzar en poder reparar a las víctimas y en contribuir a erradicar las violencias sexuales, necesitamos primero reconocerlas. Esta investigación da ese paso, aportando por primera vez en Chile información relevante para comenzar a combatir estas conductas”.

La presentación fue comentada por María Inés Salamanca, representante de ONU Mujeres en Chile, y la diputada Camila Vallejo. Salamanca destacó que “es fundamental establecer mecanismos que mejoren las redes de protección hacia las mujeres durante tiempos de pandemia. Hay que darle profundidad al problema, y esta encuesta viene a dar esa discusión”.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo señaló que “queremos que esta encuesta se presente en el Congreso para que estos temas puedan ponerse sobre la mesa, para generar avances legislativos y comenzar a hacernos cargo de las problemáticas”.

Resultados

La encuesta aborda cuatro tipos de acoso sexual: callejero, laboral, educativo, compuestos por acosos sexuales verbales, no verbales, físicos, audiovisuales y de persecución y chantaje, respectivamente y el ciberacoso compuesto por contenido audiovisual, propuestas sexuales, comentarios con connotación sexual, amenazas, grooming, exposición sexual y creación de contenido sexual.

Una de las principales conclusiones del estudio es que estos tipos de acosos no se viven de manera aislada o en ocasiones puntuales, sino que son parte de un continuo de violencia. En este sentido, son las mujeres quienes lo viven de mayor manera, pues un 64% de ellas ha sufrido por lo menos un tipo de acoso en el transcurso de su vida, en contraste al 25,7% de los hombres.

La encuesta además reveló el poco reconocimiento que existen de este tipo de violencias: prácticamente todas las mujeres entre 18 y 26 años han sufrido alguna situación de acoso sexual callejero durante su vida (96,2%), sin embargo, un 36,5% no lo reconoce como violencia sexual.

Por último, se evidencian los efectos y consecuencias del acoso sexual, los cuales demuestran que estas violencias afectan la democratización de los espacios, ya que son las propias víctimas quienes deben tomar medidas para evitar el acoso, limitando su autonomía. Ejemplos de esto es que 38,7% de las mujeres ha solicitado compañía para trasladarse a ciertos lugares luego de ser acosada, que 1 de cada 4 mujeres (23%) ha renunciado luego de sufrir acoso sexual laboral, que 1 de cada 10 mujeres se ha retirado del recinto educativo (colegio, instituto profesional, universidad, etc.), luego de sufrir acoso sexual y, finalmente, que 1 de cada 4 mujeres ha abandonado y/o cerrado sus redes sociales, juegos, foros, etc., luego de sufrir ciberacoso sexual.

“Resulta significativo que muchas personas han vivido situaciones de acoso sexual, ya sea en el ámbito laboral, educativo, en el espacio público, también online. Sin embargo, son pocas quienes realmente saben que lo que vivieron fue una violencia. Nosotras buscamos contribuir a erradicar las violencias sexuales de los espacios públicos y privados, pero también educar al respecto de temáticas de género y cómo abordarlas”, afirma la presidenta de OCAC.

Revisa la encuesta Radiografía del Acoso Sexual en Chile AQUÍ.

OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA PIDE GARANTIZAR DERECHOS DE MUJERES Y RECIÉN NACIDOS EN MEDIO DE EMERGENCIA SANITARIA COVID-19

Por medio de una carta abierta, la organización hizo un llamado a las autoridades a dictar lineamientos que permitan la adecuada atención durante la gestación, parto y puerperio.

El Observatorio contra la Violencia Obstétrica (OVO Chile) envió hoy una carta abierta dirigida especialmente a las autoridades del Ministerio de Salud y de la Mujer y Equidad de Género con el objetivo de salvaguardar los derechos de las mujeres y recién nacidos en medio de emergencia sanitaria Covid-19.

La organización explica que les “parece inaceptable que no se hayan emitido lineamientos para la atención de la gestación, parto y puerperio; períodos trascendentales en el ciclo vital y cuyos indicadores de atención son críticos en la salud de la población” y hace un llamado urgente al Ministerio de Salud a responder lo siguiente:

  1. Elaboración Guías Clínicas y/o protocolos de atención de gestación, parto y puerperio en situación de emergencia sanitaria Covid-19:

Elaboración de Guías Clínicas y/o protocolos para la atención prenatal en Atención Primaria de Salud (APS), que busquen garantizar la continuidad de la atención durante la gestación, y puerperio a lo largo del país; y que establezcan número de controles mínimos garantizados, edades gestacionales para que ocurran, y ecografías mínimas, así como también recomendaciones para el seguimiento desde APS de gestantes y puérperas sospechosas y/o confirmadas de Covid-19. Estamos continuamente recibiendo reportes que nos muestran una gran inequidad en la forma de llevar a cabo dichos controles entre comunas y establecimientos, con algunos lugares donde no se está brindando la atención por falta de implementos de protección para el personal sanitario. Esta situación pone en grave riesgo la salud de las embarazadas y sus hijos e hijas, aumentando el estrés que ya están viviendo las mujeres gestantes y sus familias, así como los equipos de salud.

Elaboración e implementación de protocolos para la atención de parto (incluida la cesárea), basados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el contexto de pandemia Covid-19. Es urgente contar con estos protocolos publicados a la brevedad, de forma de orientar el trabajo de los equipos sanitarios y establecer estándares mínimos de atención. No se puede abandonar a las instituciones ni equipos a responder en forma independiente sin lineamientos centrales; lo cual, además, repercute en que las usuarias y sus familias estén recibiendo una atención con estándares dispares y sin claridad respecto a qué obtendrán. Esta falta de lineamientos además puede provocar un aumento en las tasas de mortalidad materna, que en nuestro país son hasta la fecha de las más bajas de la región.

  1. Satisfacción de necesidades básicas y respeto de los derechos humanos de las mujeres y sus bebés durante el trabajo de parto, parto y puerperio (incluida cesárea):

Vemos con preocupación cómo ha ido aumentado la violencia obstétrica durante esta pandemia, empezando con un tema tan esencial como es el acompañamiento de una figura significativa de la gestante durante el trabajo de parto y parto (incluida la cesárea). Lamentablemente hemos recibido múltiples reportes de cómo este acompañamiento se está negando en diversas maternidades, incluso a mujeres sanas (sin Covid positivo), vulnerando el derecho de la mujer y recién nacido de estar acompañados.

Como OVO Chile, en el mes de abril comenzamos un catastro colaborativo sobre acompañamiento en el preparto y parto en instituciones de salud, y que al 31 de mayo incluye 101 instituciones (61 públicas y 50 privadas). Lamentablemente las últimas noticias no son nada alentadoras, solo hemos recibido anuncios de retrocesos y se observan grandes diferencias que nos resultan inexplicables luego de tres meses de epidemia. Según nuestros registros, solo en el 25% de los hospitales públicos se permite el acompañamiento de una persona significativa durante el trabajo de parto y el parto, mientras eso ocurre en el 87% de las instituciones privadas. Junto con ello, en un 29% de hospitales públicos y 13% de instituciones privadas se permite el acompañamiento solo en momento del nacimiento. Y en un 46% de instituciones públicas no se permite acompañamiento en ningún momento, mientras no hay reportes de esta situación en instituciones privadas.

Hubiésemos esperado que en estas semanas un mayor número de instituciones se hubieran organizado de modo de mejorar el acceso al acompañamiento, como sí lo están haciendo algunas maternidades públicas y privadas en las cuales no ha habido interrupción de la participación de una figura significativa.

En espacios académicos de las últimas semanas se han presentado buenas experiencias locales (como los casos de los hospitales Dra. Eloísa Díaz de La Florida y El Pino de San Bernardo, entre otros) en las cuales se ha podido sostener el acompañamiento durante el trabajo de parto y parto, estableciendo medidas de protección para el equipo, la mujer, recién nacido y su familia. Estas experiencias muestran que favorecer el acompañamiento no ha afectado al aumento de infecciones en los funcionarios y funcionarias, ni el riesgo de Covid-19. Si estas instituciones pueden, creemos que muchas otros también, en la medida que pongan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los niños y niñas como prioridad. Debemos rescatar todos los aprendizajes posibles de este escenario, que no sabemos cuánto durará, ni cada cuando se presentarán situaciones similares de aquí en adelante.

Tenemos reportes preocupantes que muestran que en diversas instituciones del país se está restringiendo o impidiendo el contacto inmediato piel con piel con el recién nacido, incluso en casos que ni siquiera son sospechosos de Covid-19, sin ninguna justificación clara y contrario a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS); las orientaciones nacionales contenidas en el Manual de Atención Personalizada en el Proceso Reproductivo del Ministerio de Salud; las recomendaciones de la Rama de Neonatología de la Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE); y de los compromisos del Subsistema Chile Crece Contigo.

En estas circunstancias, nos parecen preocupantes los efectos que estas acciones puedan tener, pues al verse interrumpida o suspendida la lactancia materna, se priva a los recién nacidos de recibir protección inmunológica de vital importancia en el contexto actual. Esto, junto con impactar en el establecimiento del vínculo primario que es la base de su desarrollo integral, exponiéndolos a mayores riesgos de salud a corto, mediano y largo plazo. La separación entre la madre y su hijo o hija aumenta además todo tipo de alteraciones en la salud mental de esta, tales como trastornos de ansiedad y reacciones post traumáticas, que impactan negativamente en la salud física y mental del grupo familiar, y por sobre todo en la estabilidad de la díada madre-recién nacido.

  1. Protección de Equipos de Salud:

Lo que está ocurriendo con los equipos sanitarios también es un tema que nos preocupa. El día 5 de mayo, la Confederación Internacional de Matronas realizó un “llamamiento a la acción” que invitaba a cuidar a matronas y sanitarios responsables de gestantes, ya que de otra forma no se le podrá garantizar cuidados oportunos a las mujeres, sus hijos e hijas, y sus familias. Hemos recibido reportes de hospitales y de Centros de Salud Familiar en distintas regiones del país que indican no contar con elementos básicos de protección personal. Resulta urgente e imperioso que se cuente con sets mínimos de implementación para los funcionarios y funcionarias que trabajan directamente con mujeres gestantes y recién nacidos.

  1. Residencias sanitarias:

En las últimas semanas, el país se ha visto en la necesidad de contar con mayores cupos en residencias sanitarias. Es imperioso que se visibilice que en dichas residencias hay mujeres gestantes y puérperas, y niños y niñas que requieren atención y protección de acuerdo a sus necesidades. En este contexto, consideramos urgente que se elaboren orientaciones para la atención adecuada de esta población; en las cuales se contemple contar con profesionales de la salud y matronas que puedan brindar la atención que las mujeres, niños y niñas requieren. Nos encontramos en un escenario complejo, donde todas las inequidades se agudizan, por eso observamos con preocupación cómo la atención de la gestación y nacimiento está siendo dejada de lado. Nos preocupa de sobremanera que las situaciones recién descritas se estén produciendo con mayor frecuencia en instituciones de salud pública, aumentando las brechas de desigualdad en nuestra sociedad.

Hacemos un llamado enfático a que el Ministerio de Salud y las autoridades competentes respondan a estas cuestiones para garantizar la atención de gestación, parto y puerperio basada en derechos que tanto dicho Ministerio como el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo promueven hace más de una década.

INSTITUTO DE LA MUJER REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN PARA ACOGER Y ASISTIR A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN CONTEXTO DE PANDEMIA

Motivadas por el caso del ataque sufrido por una mujer en Peñalolén, la Coordinadora Feminista de Peñalolén se capacitó para atender este tipo de casos con el Instituto de la Mujer, quienes dejan la invitación abierta para que más coordinadoras y agrupaciones se acerquen si necesitan lineamientos profesionales para lidiar con la pandemia de la violencia de género en este periodo de cuarentena.

El 6 de mayo una mujer de 28 años fue abordada por un transeúnte quien la maniató y posteriormente la agredió sexualmente en un lugar cercano al Canal San Carlos, en Peñalolén. Ella regresaba de su trabajo en el área de salud. Este delito generó una gran conmoción entre vecinos y agrupaciones de mujeres de esta comuna y Santiago. Tras este lamentable crimen, las integrantes de la Coordinadora Feminista de Peñalolén decidieron buscar ayuda para enfrentar este tipo de situaciones.

En respuesta a este requerimiento, el Instituto de la Mujer concretó una jornada de capacitación online para entregar diversas herramientas básicas para la atención en crisis y medidas de autocuidado para quienes tengan la necesidad de implementarlas. Y así poder acoger y asistir a mujeres víctimas de agresiones sexuales o violencias, en el actual contexto de pandemia y confinamiento.

“Creo que esta instancia puede servir de motivación para realizar acciones locales, como levantar un catastro de organizaciones, que puedan responder a las necesidades de las mujeres en tiempos donde la confianza con las instituciones está absolutamente deteriorada”, señaló Mayí Allemand, sicóloga y encargada de área de violencia del el Instituto.

Por su parte desde la Coordinadora manifestaron que como organización territorial feminista “creemos en la importancia de la articulación que debe generarse entre organizaciones territoriales y ONG’s que trabajen con temáticas feministas; esta articulación les permite a las instituciones tener una mirada cercana a la realidad territorial que es propia de las organizaciones y a su vez les da la posibilidad a las organizaciones territoriales de validarse como agente político incidente en el territorio”.

Agregaron que, para lograr esta validación, uno de los aspectos más importantes es adquirir o profundizar en conocimientos sobre las temáticas en las que trabajan “al ser una organización feminista, una de las temáticas transversales siempre será la violencia de género. Es por esto que, como Coordinadora Feminista de Peñalolén estamos agradecidas de haber podido tener la instancia de aprender con una profesional sobre la primera acogida en casos de violencia sexual. Extendemos nuestro agradecimiento al Instituto de la Mujer por haber reaccionado rápido a nuestra urgencia y habernos capacitado de acuerdo con nuestras necesidades”.

En el encuentro estuvieron representantes de las agrupaciones Peñasorora, Cabildo Sánchez Fontecilla, Asamblea Sánchez Violeta, Asamblea El Mirador de Tobalaba, Asamblea Jóvenes, entre otra. Desde el Instituto de la Mujer se espera concretar nuevas reuniones con estas agrupaciones así como otras que requieran abordar temáticas relacionadas con violencia hacia las niñas y mujeres.

ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES LLAMAN AL EJECUTIVO Y A PARLAMENTARIAS A MEJORAR PROYECTO DE LEY PARA QUE GARANTICE EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Plataforma Juntas en Acción, junto a 37 organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las mujeres, manifestaron su preocupación por la tramitación del proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia.

En momentos en que el país enfrenta una crisis sanitaria y un preocupante aumento de denuncias por casos de violencia de género, organizaciones por los derechos de las mujeres manifiestan su preocupación por el debate legislativo que actualmente se lleva a cabo en torno al proyecto sobre el derecho a una vida libre de violencia.

A través de una declaración enviada a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, las organizaciones reiteraron su llamado a dar urgente prioridad a este tema y “contar con una legislación integral sobre violencia contra las mujeres y las niñas, que conceptualice la violencia de género de manera amplia y defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país”.

El proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, presentado por la Presidenta Michelle Bachelet y que actualmente se encuentra en la Comisión de Mujer del Senado, ha sido impulsado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, sin embargo, durante este proceso se han levantado una serie de debilidades de la iniciativa, manifestadas por las organizaciones, para las cuales se han ofrecido alternativas y diversas soluciones.

En la declaración, firmada por casi cuarenta organizaciones, entre ellas Corporación Humanas, ComunidadMujer, Fundación Instituto de la Mujer, Red de Investigadoras, Mujeres del Pacífico, Corporación La Morada, Corporación MILES y Ni Una Menos Chile, se manifiesta una valoración por el debate legislativo del proyecto “por la oportunidad que ofrece de ajustar la legislación chilena a los estándares internacionales en la materia”. Por lo mismo, agregan, “esperamos que la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género del Senado y el Gobierno, avancen hacia mandatos claros, específicos y exigibles en la definición de las obligaciones de los organismos públicos en materia de prevención de la violencia de género, investigación y sanción de los crímenes, protección, atención y reparación de las víctimas”, tal como mandatan los tratados internacionales que ha suscrito el Estado de Chile.

En la declaración, las organizaciones plantean, también, su preocupación por la inadmisibilidad de las indicaciones realizadas por las senadoras Isabel Allende, Adriana Muñoz, Yasna Provoste y Ximena Rincón orientadas a incorporar las obligaciones del Estado, siguiendo las recomendaciones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará), que el gobierno rechazó patrocinar. Asimismo, preocupan los recursos para combatir la violencia de género, ya que también se declararon inadmisibles las indicaciones de estas mismas senadoras para que se contemple un presupuesto para la implementación de la ley, sin que hasta ahora exista una solución alternativa por parte del Ejecutivo.

Finalmente, la declaración pide incluir a la sociedad civil en la discusión del proyecto de ley, dado que son estas organizaciones las que “han impulsado por años diversas iniciativas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, por lo que reiteramos nuestra disposición a colaborar activamente en la discusión legislativa”.

Lee la declaración aquí: https://bit.ly/DeclaracionViolenciaIntegral

Suscriben:

Corporación Humanas
ComunidadMujer
Juntas en Acción
Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, RS
Centro de Estudios de la Mujer, CEM
Departamento de Género Universidad Diego Portales
Descentralizadas
Fundación Instituto de la Mujer
Ingeniosas
Laboratoria
La Rebelión del Cuerpo
Mujeres del Pacífico
Niñas Valientes
Observatorio contra el Acoso Chile, OCAC
Observatorio de Género y Equidad, OGE
Observatorio de Violencia Obstétrica, OVO
Red de Investigadoras

Adhieren:

Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile (ACAUCH)
Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM)
Asociación de Funcionarias/os del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (ANFUMENG)
Asociación Yo Cuido
Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile (CEGECAL)
Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM)
Colegio de Matronas y Matrones de Chile
Comisión Nacional de Género del Colegio de Periodistas de Chile
Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud, CONFEDEPRUS
Corporación La Morada
Corporación MILES
Coordinadora Poder Decidir
Familia es Familia
Fundación Latinoamericana de Innovación Social
ONG Acción Mujer y Madre
ONG ESE:O Escritura para liderar
Ni Una Menos Chile
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
Red Docente Feminista
Secretaría de Mujeres Inmigrantes
Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género de la Central Unitaria de Trabajadores
Visibles

Si tu organización quiere sumarse a esta Declaración, escríbenos a [email protected]

ENCUESTA REVELA QUE 72% DE LAS MADRES SE HA SENTIDO CULPABLE DE CÓMO PRACTICA SU MATERNIDAD

Según la 9na encuesta de La Rebelión del Cuerpo, sobre “Maternidad y Estereotipos”.

“Maternidad y estereotipos” se llama la encuesta realizada por La Rebelión del Cuerpo, enfocada en las experiencias de mujeres que han tenido hijas/os y que tiene el objetivo de mostrar los estereotipos que tienen que enfrentar las madres en Chile.

Una de las principales dimensiones de la encuesta es sobre las experiencias de ser juzgadas y discriminadas. Del total de mujeres que son madres que respondieron (1254 mujeres, un 60,8% del total de mujeres encuestadas), y un 72% confesó haberse sentido culpable de cómo practica su maternidad.

Al respecto, las mujeres encuestadas dicen que son los familiares quienes más han hecho sentir juzgadas a las madres: un 85% se ha sentido juzgada por familiares por cómo practica su maternidad y un 58% se ha sentido juzgada por el padre/otra madre de su hija/o por cómo practica su maternidad. Además, un 81% respondió que se ha sentido juzgada por otras mujeres por cómo practica su maternidad.

Otros hallazgos interesantes en esta categoría es que un 64% de las madres siente que NO comparte equitativamente la crianza, y un 65% se ha sentido discriminada por ser madre. Además, el estudio abordó la actual crisis sanitaria, donde un 58% de las madres encuestadas describe que se ha sentido presionada por lo que se espera de ella durante la cuarentena.

“Con esta encuesta apuntamos a visibilizar y desprivatizar la experiencia de ser madre. Queremos que las mujeres (mamás y no mamás) puedan hacerse una idea de cómo los estereotipos de género también afectan en la forma en que las mujeres con hijos/as se piensan a sí mismas y cómo ejercen su crianza, las presiones a las que se ven sometidas y el malestar que podría generar”, explica Javiera Menchaca, directora de Investigación de La Rebelión del Cuerpo.

En la categoría de auto-discrepancia se revelan las discordancias en todos los ámbitos abordados, donde el ideal no es alcanzado por lo que reportan las madres. El equilibro entre la vida personal y crianza es el ítem que presenta mayor discrepancia (67% de las madres encuestadas declara que la madre ideal logra un equilibrio, mientras que solo el 19% declara lograrlo), le sigue la paciencia con las y los hijos (77% señala que una madre ideal es paciente, mientras que un 31% se considera como tal) y pasar suficiente tiempo con ellos (87% declara que la madre ideal pasa tiempo suficiente con ellos, pero solo el 42% siente que lo hace).

La Rebelión del Cuerpo es un colectivo feminista con dos años de activismo cuyo principal objetivo es desprivatizar la experiencia de las mujeres como una forma de visibilizar y cuestionar la violencia simbólica de los estereotipos de género. La Rebelión del Cuerpo es parte de las organizaciones aliadas de Juntas en Acción.

La encuesta fue realizada entre el 7 y el 14 de abril de 2020, y fue respondida por 2.061 mujeres de entre 14 y 72 años. Puedes descargar los resultados de la encuesta AQUÍ: