PROYECTO DE VIOLENCIA INTEGRAL: QUE LAS ACCIONES ACOMPAÑEN A LAS PALABRAS

Publicada originalmente en Página 19 el 20 de noviembre.

Este año, la crisis sanitaria por Covid-19 ha hecho urgente contar con una legislación integral contra la violencia de género, que defina con claridad las obligaciones de los órganos del Estado en materia de prevención, investigación y sanción de la violencia, y de protección y reparación a las víctimas, en cumplimiento a los tratados internacionales vigentes en el país.

En enero de 2017 la expresidenta Michelle Bachelet ingresó al Congreso el proyecto de ley sobre una vida libre de violencia para mujeres y niñas que vendría a dar, por primera vez, un marco legal integral sobre la violencia de género, más allá de leyes fragmentadas que se han orientado a situaciones específicas.

Inexplicablemente, el proyecto lleva casi cuatro años de tramitación en el Parlamento y las obligaciones del Estado todavía no son consistentes ni son lo suficientemente enérgicas para asegurar la protección de las víctimas y la erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres.

Es urgente y es fundamental que el proyecto de ley cuente con herramientas que permitan avanzar hacia la prevención y erradicación de la violencia de género de forma efectiva. Para esto es clave garantizar las obligaciones del Estado y sus diferentes instituciones; asegurar la formación y capacitación a funcionarios/as públicos/as; y contar con un presupuesto adecuado a nivel transversal en todo el aparato gubernamental.

En el mes en que conmemoramos el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, nos parece esencial que el país se comprometa verdaderamente con los derechos humanos de las niñas y mujeres, partiendo por el de asegurarles una vida libre de violencia.

El Ejecutivo ha manifestado numerosas veces su apoyo a este proyecto, al igual que muchos parlamentarios y parlamentarias. El objetivo de la iniciativa aúna el respaldo de diferentes fuerzas políticas. Por ello, no es entendible que a la fecha no haya podido ser aprobado ni se hayan incluido las modificaciones clave que permitan su adecuada implementación.

Hoy necesitamos que ese apoyo se exprese decididamente en indicaciones concretas que garanticen el compromiso del Estado de Chile con la eliminación de la violencia de género. Las mujeres en Chile no podemos seguir esperando.